Documentos desclasificados de EEUU lo desvelan
La CIA sabía que los militares de El Salvador iban a matar a Ellacuría
Los cuerpos de los jesuitas y las dos mujeres asesinados en 1989. EFE
Analistas norteamericanos creen que el Cesid tenía la misma información
Antonio Rubio Madrid
Actualizado domingo 15/11/2009
El Departamento de Estado norteamericano, la CIA y los servicios de inteligencia españoles, el antiguo Cesid, tenían información de que el padre Ignacio Ellacuría, jesuita, rector de la Universidad Centroamericana (UCA)
y defensor de la Teología de la Liberación, estaba en peligro y de que el Ejército salvadoreño iba a atentar contra su persona.
Esta nueva revelación sobre el asesinato del padre Ellacuría y cinco jesuitas más, que tuvo lugar el 16 de noviembre de 1989 en El Salvador y del que mañana se cumplen 20 años, se refleja en una serie de documentos de los servicios de inteligencia de Estados Unidos, que han sido desclasificados recientemente y que serán aportados en las próximas fechas en el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, donde fue admitida una querella contra "los responsables de aquella matanza".
Los documentos de la CIA que han sido desclasificados, los del Departamento de Estado y de otros organismos de EEUU, serán entregados al magistrado Eloy Velasco, instructor del caso, por Kate Doyle, analista del Archivo de Seguridad Nacional de la Universidad George Washington, y Terry Karl, profesora de la Universidad de Stanford y especialista en temas suramericanos, que ya fue una figura importante en el esclarecimiento del asesinato del arzobispo salvadoreño Óscar Romero en marzo de 1980. Ambas declararán ante el magistrado español en calidad de testigos.
La querella fue presentada hace un año ante la Audiencia Nacional por la Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDHE) y el Center For Justice and Accountability (CJA) norteamericano, e iba dirigida contra "todos los responsables intelectuales de aquella matanza, por delitos de crímenes de lesa humanidad, terrorismo de Estado, asesinato y torturas". Entre ellos, según APDHE y CJA, se encuentra Alfredo Cristiani, presidente de El Salvador en el momento del asesinato de Ellacuría.
EL MUNDO ha podido saber que entre los papeles que serán aportados a la Audiencia Nacional hay información donde se documenta, de manera directa, que el jefe militar de la embajada de Estados Unidos en El Salvador, el coronel Milton Menjívar, y una alto cargo del Departamento de Estado de EEUU sabían lo que estaba preparando el Estado Mayor salvadoreño contra el rector de la UCA.
Del estudio de esos documentos declasificados se deduce, según los analistas consultados por este periódico, que el Cesid también tenía conocimiento o barajaba la misma información que los norteamericanos.
Este periódico se ha puesto en contacto con el ex representante o antena del Cesid en El Salvador en aquella época, quien ha reconocido que tenía buenas relaciones con los servicios norteamericanos, los generales salvadoreños y el ex presidente Alfredo Cristiani.
Implicados de 'muy alto rango'
Sin embargo, el ex dirigente de los servicios secretos españoles ha negado cualquier vinculación o conocimiento del atentado contra el padre Ellacuría y los otros jesuitas. También ha negado que el 16 de noviembre de 1989 estuviera en El Salvador, aunque otros informes y ex diplomáticos españoles lo sitúan en dicho país durante aquellos días.
Con los nuevos documentos que aportarán la analista en seguridad Kate Doyle y la profesora universitaria y experta en temas de Sudamérica Terry Karl, los querellantes, APDHE y CJU, confían en que el magistrado Eloy Velasco tenga la documentación necesaria para citar a declarar al representante de la antena del Cesid en El Salvador en 1989, así como a altos cargos salvadoreños de aquella convulsa época.
Se da la circunstancia de que el representante de los servicios de inteligencia españoles en El Salvador no fue sustituido en su cargo, de manera oficial, hasta cinco meses después del asesinato del padre Ellacuría. De hecho, el Cesid, según ha sabido EL MUNDO a través de fuentes del actual CNI, no elaboró ningún informe interno sobre el atentado contra los seis sacerdotes jesuitas. Cinco de ellos (Ignacio Ellacuría, Ignacio Martín, Segundo Montes, Amando López y Juan Ramón Moreno) eran españoles de nacimiento y nacionalizados salvadoreños. El sexto, el padre Joaquín López, nació en El Salvador.
Hay que recordar que, durante la investigación del asesinato del arzobispo Óscar Romero en marzo de 1980, la documentación que la CIA desclasificó en 2001 fue trascendental para saber que uno de los autores materiales del atentado fue un oficial del ejército argentino, Emilio Antonio Mendoza, que tenía contactos con la Guardia Nacional y el GII, la sección de inteligencia salvadoreña.
A las declaraciones de Kate Doyle y Terry Karl en la Audiencia Nacional habrá que unir en los próximos días las de dos altos cargos de la Justicia salvadoreña, cuyos nombres se mantienen de momento en secreto, pero que según las fuentes consultadas por este periódico en el país centroamericano son "de muy alto rango".
Un proceso muy largo
Veinte años después del asesinato de los seis jesuitas y de Elba Julia Ramos, que prestaba sus servicios en la residencia de los sacerdotes, y su hija Celina, de 15 años, los autores intelectuales de aquella matanza siguen libres gracias a que la Justicia salvadoreña ha ido frenando todos los procesos abiertos contra ellos. Los supuestos autores materiales de la masacre, que fueron condenados en enero de 1992 a 30 años de cárcel, fueron amnistiados y puestos en libertad 14 meses después, en abril de 1993.
Entre los testigos solicitados por los querellantes figuran el ex fiscal general de El Salvador Amadeo Artigas; el coronel Sigifredo Ochoa, actual embajador en Honduras, y el mayor Erick Buckland, del Ejército de EEUU.
Todo ocurrió, según se narra en la querella de la Asociación Pro Derechos Humanos de España y el Center For Justice and Accountability, en las primeras horas del 16 de noviembre de 1989: "Miembros del batallón de Infantería de Reacción Inmediata Atlacatl, en ejecución de un plan concebido en la sede del Estado Mayor del Ejército y en cumplimiento de las órdenes dadas por su superiores, se introdujeron en las dependencias de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas en San Salvador".
Después, comenzó la masacre: "Una vez allí, se dirigieron a la residencia de los religiosos jesuitas y asesinaron a tiros a los sacerdotes, a su empleada Julia Elba Ramos y a su hija Celina Mariceth...".
Con anterioridad a todos estos hechos, el padre Ellacuría, que en aquella época ya era uno de los principales y más conocidos defensores de la Teología de la Liberación, había tenido que abandonar El Salvador en 1980 porque fue avisado por un militar de aquel país de que su vida corría peligro.
Durante un tiempo residió en México y España, y no regresó a El Salvador hasta 1982. En junio de 1986, la Asamblea Legislativa intentó quitarle su nacionalidad salvadoreña alegando que, como extranjero y sacerdote, había violado los preceptos constitucionales y se había involucrado en política.
Las irregularidades del juicio
Lo más llamativo de todo el proceso judicial sobre su asesinato se produjo, tal como refleja la querella presentada ante la Audiencia Nacional, a finales de enero de 1991: "Los fiscales asignados al caso, Henry Campos y Sidney Blanco, renunciaron a su cargo por haber recibido órdenes del fiscal general de la República de minimizar el interrogatorio de los militares llamados a declarar". Los fiscales recibieron, incluso, instrucciones concretas: "Les prohibieron expresamente que presentaran cargos contra los militares que habían incurrido en perjurio".
En septiembre de 1991, comenzó la vista oral con un jurado "formado por cinco miembros, cuya identidad fue siempre protegida por cuestiones de seguridad [...]. Se negaron a desplazarse al lugar de los crímenes [...] y no realizaron ninguna pregunta", según se refleja en la querella.
Los fiscales Campos y Blanco, tras renunciar a su cargo, se convirtieron en abogados de los familiares de las víctimas y alegaron que "el crimen fue una acción concebida y orquestada por el alto mando de las Fuerzas Armadas de El Salvador". Los letrados fueron aún más lejos y plantearon la existencia de otros autores intelectuales.
Finalmente, el jurado encontró culpable del asesinato de los jesuitas al coronel Benavides y, como responsable de la muerte de Elba Julia Ramos y de su hija Celina, al teniente Yussi Mendoza. Los demás imputados fueron absueltos.
El 23 de enero de 1992, el juez Zamora condenó al coronel Benavides y al teniente Mendoza a 30 años de cárcel, pero 14 meses después, el 1 de abril de 1993, los dos militares fueron amnistiados y puestos en libertad.
Tras la escandalosa actuación judicial, la UCA y el Instituto de Derechos Humanos presentaron una querella criminal contra el ex presidente de El Salvador Alfredo Cristiani y altos militares de aquel país. La querella, sin embargo, fue torpedeada de forma sistemática por la Justicia salvadoreña y, tras agotarse todos los recursos ante la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional, los querellantes recurrieron, ya en noviembre de 2003, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que todavía no se ha pronunciado sobre su admisión.
Como último recurso, y para saber qué pasó y quiénes fueron los autores materiales e intelectuales del asesinato de los jesuitas, la APDHE y el CJA presentaron en noviembre de 2008 ante la Audiencia Nacional, y a través de los letrados Manuel Ollé, Carmen Lamarca y Almudena Bernabéu, la correspondiente querella por "delitos de crímenes de lesa humanidad, terrorismo de Estado, asesinato y torturas
La CIA sabía que los militares de El Salvador iban a matar a Ellacuría
Los cuerpos de los jesuitas y las dos mujeres asesinados en 1989. EFE
Analistas norteamericanos creen que el Cesid tenía la misma información
Antonio Rubio Madrid
Actualizado domingo 15/11/2009
El Departamento de Estado norteamericano, la CIA y los servicios de inteligencia españoles, el antiguo Cesid, tenían información de que el padre Ignacio Ellacuría, jesuita, rector de la Universidad Centroamericana (UCA)
y defensor de la Teología de la Liberación, estaba en peligro y de que el Ejército salvadoreño iba a atentar contra su persona.Esta nueva revelación sobre el asesinato del padre Ellacuría y cinco jesuitas más, que tuvo lugar el 16 de noviembre de 1989 en El Salvador y del que mañana se cumplen 20 años, se refleja en una serie de documentos de los servicios de inteligencia de Estados Unidos, que han sido desclasificados recientemente y que serán aportados en las próximas fechas en el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, donde fue admitida una querella contra "los responsables de aquella matanza".
Los documentos de la CIA que han sido desclasificados, los del Departamento de Estado y de otros organismos de EEUU, serán entregados al magistrado Eloy Velasco, instructor del caso, por Kate Doyle, analista del Archivo de Seguridad Nacional de la Universidad George Washington, y Terry Karl, profesora de la Universidad de Stanford y especialista en temas suramericanos, que ya fue una figura importante en el esclarecimiento del asesinato del arzobispo salvadoreño Óscar Romero en marzo de 1980. Ambas declararán ante el magistrado español en calidad de testigos.
La querella fue presentada hace un año ante la Audiencia Nacional por la Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDHE) y el Center For Justice and Accountability (CJA) norteamericano, e iba dirigida contra "todos los responsables intelectuales de aquella matanza, por delitos de crímenes de lesa humanidad, terrorismo de Estado, asesinato y torturas". Entre ellos, según APDHE y CJA, se encuentra Alfredo Cristiani, presidente de El Salvador en el momento del asesinato de Ellacuría.
EL MUNDO ha podido saber que entre los papeles que serán aportados a la Audiencia Nacional hay información donde se documenta, de manera directa, que el jefe militar de la embajada de Estados Unidos en El Salvador, el coronel Milton Menjívar, y una alto cargo del Departamento de Estado de EEUU sabían lo que estaba preparando el Estado Mayor salvadoreño contra el rector de la UCA.
Del estudio de esos documentos declasificados se deduce, según los analistas consultados por este periódico, que el Cesid también tenía conocimiento o barajaba la misma información que los norteamericanos.
Este periódico se ha puesto en contacto con el ex representante o antena del Cesid en El Salvador en aquella época, quien ha reconocido que tenía buenas relaciones con los servicios norteamericanos, los generales salvadoreños y el ex presidente Alfredo Cristiani.
Implicados de 'muy alto rango'
Sin embargo, el ex dirigente de los servicios secretos españoles ha negado cualquier vinculación o conocimiento del atentado contra el padre Ellacuría y los otros jesuitas. También ha negado que el 16 de noviembre de 1989 estuviera en El Salvador, aunque otros informes y ex diplomáticos españoles lo sitúan en dicho país durante aquellos días.
Con los nuevos documentos que aportarán la analista en seguridad Kate Doyle y la profesora universitaria y experta en temas de Sudamérica Terry Karl, los querellantes, APDHE y CJU, confían en que el magistrado Eloy Velasco tenga la documentación necesaria para citar a declarar al representante de la antena del Cesid en El Salvador en 1989, así como a altos cargos salvadoreños de aquella convulsa época.
Se da la circunstancia de que el representante de los servicios de inteligencia españoles en El Salvador no fue sustituido en su cargo, de manera oficial, hasta cinco meses después del asesinato del padre Ellacuría. De hecho, el Cesid, según ha sabido EL MUNDO a través de fuentes del actual CNI, no elaboró ningún informe interno sobre el atentado contra los seis sacerdotes jesuitas. Cinco de ellos (Ignacio Ellacuría, Ignacio Martín, Segundo Montes, Amando López y Juan Ramón Moreno) eran españoles de nacimiento y nacionalizados salvadoreños. El sexto, el padre Joaquín López, nació en El Salvador.
Hay que recordar que, durante la investigación del asesinato del arzobispo Óscar Romero en marzo de 1980, la documentación que la CIA desclasificó en 2001 fue trascendental para saber que uno de los autores materiales del atentado fue un oficial del ejército argentino, Emilio Antonio Mendoza, que tenía contactos con la Guardia Nacional y el GII, la sección de inteligencia salvadoreña.
A las declaraciones de Kate Doyle y Terry Karl en la Audiencia Nacional habrá que unir en los próximos días las de dos altos cargos de la Justicia salvadoreña, cuyos nombres se mantienen de momento en secreto, pero que según las fuentes consultadas por este periódico en el país centroamericano son "de muy alto rango".
Un proceso muy largo
Veinte años después del asesinato de los seis jesuitas y de Elba Julia Ramos, que prestaba sus servicios en la residencia de los sacerdotes, y su hija Celina, de 15 años, los autores intelectuales de aquella matanza siguen libres gracias a que la Justicia salvadoreña ha ido frenando todos los procesos abiertos contra ellos. Los supuestos autores materiales de la masacre, que fueron condenados en enero de 1992 a 30 años de cárcel, fueron amnistiados y puestos en libertad 14 meses después, en abril de 1993.
Entre los testigos solicitados por los querellantes figuran el ex fiscal general de El Salvador Amadeo Artigas; el coronel Sigifredo Ochoa, actual embajador en Honduras, y el mayor Erick Buckland, del Ejército de EEUU.
Todo ocurrió, según se narra en la querella de la Asociación Pro Derechos Humanos de España y el Center For Justice and Accountability, en las primeras horas del 16 de noviembre de 1989: "Miembros del batallón de Infantería de Reacción Inmediata Atlacatl, en ejecución de un plan concebido en la sede del Estado Mayor del Ejército y en cumplimiento de las órdenes dadas por su superiores, se introdujeron en las dependencias de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas en San Salvador".
Después, comenzó la masacre: "Una vez allí, se dirigieron a la residencia de los religiosos jesuitas y asesinaron a tiros a los sacerdotes, a su empleada Julia Elba Ramos y a su hija Celina Mariceth...".
Con anterioridad a todos estos hechos, el padre Ellacuría, que en aquella época ya era uno de los principales y más conocidos defensores de la Teología de la Liberación, había tenido que abandonar El Salvador en 1980 porque fue avisado por un militar de aquel país de que su vida corría peligro.
Durante un tiempo residió en México y España, y no regresó a El Salvador hasta 1982. En junio de 1986, la Asamblea Legislativa intentó quitarle su nacionalidad salvadoreña alegando que, como extranjero y sacerdote, había violado los preceptos constitucionales y se había involucrado en política.
Las irregularidades del juicio
Lo más llamativo de todo el proceso judicial sobre su asesinato se produjo, tal como refleja la querella presentada ante la Audiencia Nacional, a finales de enero de 1991: "Los fiscales asignados al caso, Henry Campos y Sidney Blanco, renunciaron a su cargo por haber recibido órdenes del fiscal general de la República de minimizar el interrogatorio de los militares llamados a declarar". Los fiscales recibieron, incluso, instrucciones concretas: "Les prohibieron expresamente que presentaran cargos contra los militares que habían incurrido en perjurio".
En septiembre de 1991, comenzó la vista oral con un jurado "formado por cinco miembros, cuya identidad fue siempre protegida por cuestiones de seguridad [...]. Se negaron a desplazarse al lugar de los crímenes [...] y no realizaron ninguna pregunta", según se refleja en la querella.
Los fiscales Campos y Blanco, tras renunciar a su cargo, se convirtieron en abogados de los familiares de las víctimas y alegaron que "el crimen fue una acción concebida y orquestada por el alto mando de las Fuerzas Armadas de El Salvador". Los letrados fueron aún más lejos y plantearon la existencia de otros autores intelectuales.
Finalmente, el jurado encontró culpable del asesinato de los jesuitas al coronel Benavides y, como responsable de la muerte de Elba Julia Ramos y de su hija Celina, al teniente Yussi Mendoza. Los demás imputados fueron absueltos.
El 23 de enero de 1992, el juez Zamora condenó al coronel Benavides y al teniente Mendoza a 30 años de cárcel, pero 14 meses después, el 1 de abril de 1993, los dos militares fueron amnistiados y puestos en libertad.
Tras la escandalosa actuación judicial, la UCA y el Instituto de Derechos Humanos presentaron una querella criminal contra el ex presidente de El Salvador Alfredo Cristiani y altos militares de aquel país. La querella, sin embargo, fue torpedeada de forma sistemática por la Justicia salvadoreña y, tras agotarse todos los recursos ante la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional, los querellantes recurrieron, ya en noviembre de 2003, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que todavía no se ha pronunciado sobre su admisión.
Como último recurso, y para saber qué pasó y quiénes fueron los autores materiales e intelectuales del asesinato de los jesuitas, la APDHE y el CJA presentaron en noviembre de 2008 ante la Audiencia Nacional, y a través de los letrados Manuel Ollé, Carmen Lamarca y Almudena Bernabéu, la correspondiente querella por "delitos de crímenes de lesa humanidad, terrorismo de Estado, asesinato y torturas
No hay comentarios:
Publicar un comentario